El espacio público como motor de inclusión social: Una mirada al Derecho a la Ciudad
En el contexto actual de urbanización acelerada y desigualdad creciente, el debate en torno al derecho a la ciudad y su relación con el espacio público cobra cada vez más relevancia. En este blog, exploraremos los conceptos clave, los nuevos enfoques y la importancia de los espacios públicos como escenarios fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Además, analizaremos datos específicos de México y América Latina, las problemáticas generales de los espacios públicos y las posibles soluciones para revalorizarlos.
Conceptualización del Derecho a la Ciudad
Según la ONU-Habitat, el Derecho a la Ciudad es un derecho que busca asegurar que todas las personas disfruten de una vida digna en entornos urbanos justos, inclusivos y sostenibles a través de la garantía de 8 componentes:
- Ciudades libres de discriminación: Aquellas que abarcan las minorías y abrazan la diversidad étnica, racial, sexual y cultural, mediante el respeto, protección y promoción de todas las costumbres, recuerdos, identidades y expresiones de sus habitantes.
- Ciudades con igualdad de género: Aquellas que aseguran el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas, garantizando igualdad de derechos y una vida libre de violencia.
- Ciudades para todas las personas: Aquellas que reconocen como ciudadanos a todos sus habitantes, sin importar si son permanentes o temporales.
- Ciudades participativas: Aquellas en las que se promueva la gobernanza y mayor involucramiento de los ciudadanos en la vida política y toma de decisiones.
- Ciudades accesibles y asequibles: Aquellas que cumplen con sus funciones sociales y garantizan el acceso equitativo a vivienda, bienes, servicios y oportunidades, sobre todo de los grupos vulnerables que históricamente han sido marginados.
- Ciudades con espacios públicos y servicios de calidad: Aquellas que garantizan los espacios y servicios públicos necesarios para la construcción de lugares seguros y con los medios suficientes para su subsistencia.
- Ciudades con economías diversas e inclusivas: Aquellas que aseguran el acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todos sus habitantes.
- Ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales: Aquellas que protegen la biodiversidad, el hábitat natural y los ecosistemas de su entorno.
Nuevos enfoques que contribuyen al enfoque del Derecho a la Ciudad
La Agenda del Derecho a la Ciudad y la Plataforma de Redes de Ciudades de la UNESCO son ejemplos de iniciativas que promueven la implementación de políticas urbanas centradas en el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad cultural. Estos enfoques innovadores buscan garantizar que todas las personas puedan beneficiarse del desarrollo urbano de manera equitativa y sostenible y algunos ejemplos de su aplicación son:
- La reforma del artículo 12 de la Constitución Política Mexicana, en la que se reconoce el Derecho a la Ciudad como un derecho humano, que garantiza el pleno y equitativo uso de la ciudad basado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, diversidad cultural, respeto a la naturaleza y medio ambiente; este derecho colectivo asegura el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación ciudadana.
- Los programas de presupuesto participativo, que representan un ejercicio fundamental en la defensa del Derecho a la Ciudad, ya que implican empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones, implementar mecanismos que fomenten la participación de la comunidad y priorizar el bienestar de las personas en la planificación urbana.
- Las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, concepto que desarrolla la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la participación de la comunidad en la implementación de propuestas de envejecimiento activo, creando espacios más inclusivos y que se ajusten a las necesidades específicas de las personas mayores, fomentando su bienestar y autonomía.
- Iniciativas como Urban95 de la Fundación “Bernard Van Leer” que, con un enfoque en la primera infancia, buscan crear ciudades saludables y seguras que promuevan el desarrollo de los niños y sus familias. Se busca visibilizar a este sector de la población que a menudo es marginado en la planificación urbana, reconociendo que ciudades diseñadas para la primera infancia benefician a todos los habitantes, promoviendo la igualdad y el bienestar común.
Datos de espacios público en México y América Latina
Muchas ciudades del mundo han reconocido la importancia del espacio público y han avanzado tanto en el diagnóstico como en el impulso de estrategias que promueven el diseño, uso y gestión de mejores espacios, como Curitiba (Brasil), Rotterdam (Países bajos), Nueva York (E.U.A), Madrid (España) o Toronto (Canadá) que se posicionan como algunas de las ciudades con las mayores superficies de espacio público por habitante.
El documento Los espacios públicos en América Latina y el Caribe: Guía práctica para su reactivación en la pospandemia, producido en colaboración con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), realizó un estudio comparativo entre 21 ciudades de América Latina y concluyó que la mayoría tienen bajas cantidades de espacios verdes para las poblaciones urbanas, y aunque la mayoría de las ciudades tienen menos de 10m2 per cápita, hay ciudades como Caracas o Lima que apenas y cuentan con 2 m2 de espacios verdes urbanos por persona. Por el contrario, Nassau (Bahamas) ofrece más de 80 m2 por habitante que en gran medida se relaciona con su baja densidad poblacional.
Y es que en México y Latinoamérica predominan los espacios públicos pequeños y dispersos, pocas veces planeados y la mayoría de las veces resultado de intervenciones encaminadas al rescate y aprovechamiento de áreas residuales o en abandono.
Desde el Laboratorio Parques, se realizó un estudio preliminar que permitió identificar que, en promedio, se cuenta con 4.62 m2 de espacio público por habitante, que se traduce en un déficit actual y generalizado de 18,091.00 hectáreas con respecto a la oferta actual en las 10 Zonas Metropolitanas.
De esta manera, nos enfrentamos al reto de construir mayores y mejores espacios públicos que contribuyan a la democratización de nuestras ciudades, a la justicia urbana y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Apuesta por la revalorización de los espacios públicos para garantizar el derecho a la ciudad
El espacio público es un lugar de encuentro, interacción social y expresión cultural fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y es en estos espacios donde se manifiesta la diversidad de la sociedad, se fortalecen los lazos comunitarios y se promueve la inclusión de todos los ciudadanos. Por tanto, su adecuada planificación y gestión son indispensables para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la ciudad.
Para cumplir con él, es fundamental apostar por la revalorización de los espacios públicos como entornos inclusivos y sostenibles. Esto implica promover la participación ciudadana en su diseño y gestión, invertir en su mantenimiento y mejora, y fomentar su uso como lugares de convivencia y recreación. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de espacios públicos de calidad y contribuir a la construcción de ciudades más justas y equitativas.